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El Cabildo y la FULP amplían la convocatoria de incentivos para la contratación de personas desempleadas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, junto al presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), Alberto Cabré, anunciaron este viernes la ampliación de la convocatoria de Incentivos destinados a la Contratación de Personas en situación de Desempleo pertenecientes a Colectivos de Difícil Inserción de la anualidad 2022 hasta el 31 de marzo de 2023.

El objetivo de esta convocatoria, publicada en el mes de octubre, es el de contribuir a la incorporación y reincorporación al mercado laboral en Gran Canaria de personas desempleadas a través de alicientes a su contratación en las siguientes modalidades contractuales: Contrato indefinido, contrato de formación en alternancia y contrato formativo para la obtención de práctica profesional.

La cuantía total de la convocatoria de incentivos es de 4.200.000 euros, en la actualidad el importe total de las solicitudes asciende a 1.676.000, lo que supone un 39,9% del crédito financiador, por lo que queda disponible el 60,1% restante, 2.524.000 euros.

Para ser beneficiarias de estos incentivos las personas a contratar deberán encontrarse en los siguientes grupos.

  • Ser residente en Gran Canaria en el momento de la contratación.
  • Estar desempleado como mínimo el día anterior al alta efectiva en la Seguridad Social.
  • No haber tenido relación laboral de carácter indefinido en los seis meses anteriores a la contratación con la entidad solicitante o perteneciente al mismo grupo.
  • Pertenecer a alguno de estos colectivos de difícil inserción laboral: Personas demandantes de empleo en situación de desempleo de larga duración, es decir aquellas que en el momento de su contratación lleven inscritas como demandantes de empleo durante al menos 12 meses, continuados o no, dentro de un período de 18 meses,
  • Mujeres.
  • Personas mayores de 45 años.
  • Jóvenes menores de 30 años.
  • Personas que tengan reconocido por la Administración un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Por otro lado, podrá ser beneficiaria cualquier persona física autónoma o entidad mercantil con o sin personalidad jurídica propia, con capital íntegramente privado, legalmente constituida y que tenga Centros de Trabajo en Gran Canaria para la contratación de personal.